Refugios que el Estado convierte en cárceles
“Necesitamos urgentemente que habiliten casas refugio” para las mujeres víctimas de violencia familiar, reclamó Olga Aguirre, poniéndole voz a lo que consideró lo más urgente a resolver en un área en la que el ministerio provincial responsable “está ausente”.
“¿Dónde está la ministra (Benilda) Dammer?”, se preguntó la militante feminista y dirigente del Partido del Obrero de Misiones en diálogo con Contala como quieras, y recalcó que el Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud a su cargo “está ausente en la cuestión social, en la cuestión de la violencia. Y si hay algo con lo que hizo campaña la actual ministra es la cuestión de género”, insistió.
Entrevistada a propósito de cumplirse cinco años de la primera marcha “Ni una menos” este 3 de junio, y con la imposibilidad de repetir las masivas concentraciones de las cinco jornadas anteriores por las medidas de cuidado ante la pandemia de covid-19, Aguirre acusó además a la subsecretaria provincial de la Mujer y la Familia, Giselle Dobidenko, por “la situación de violencia” que sufren tanto las mujeres que piden ayuda en las casas refugio como las trabajadoras del Programa de Promoción de los Derechos de la Mujer (Progen) que deben asistirlas.
“En las poquitas casas refugio de la provincia es muy grave la situación de violencia que sufren las víctimas que son alojadas ahí: están en un régimen casi carcelario; en vez de poner personal idóneo están al cuidado de mujeres penitenciarias”, dijo Aguirre.
Explicó que como “no se les acercan los módulos alimentarios, las mujeres allí alojadas tienen que resolver cotidianamente lo relativo a la comida, y las penitenciarias no les dejan usar el teléfono, les controlan si salen a comprar algo a un quiosco… Es un régimen propio de una cárcel el que se impuso”.
La abogada y activa militante de las causas de género supo de esa situación como letrada, tras la consulta que le hizo una trabajadora del Servicio Penitenciario Provincial “que estaba sufriendo acosos por sus superiores” y la enteró de que estaba prestando servicio en una casa refugio. Aguirre reveló que los pedidos de informes que presentó ante el ministerio que dirige Dammer no tuvieron ninguna respuesta.
Además, “trabajadoras del Progen se presentaron a prestar servicios en una casa refugio y cuando señalaron esa irregularidad fueron asignadas a otras tareas”, contó, de acuerdo con lo que “denunciaron las promotoras de género, que también están haciendo un reclamo por las decisiones de Dobidenko”.
Revictimizadas por quienes deben cuidarlas
“Se le descarga a la mujer la responsabilidad de su propio cuidado y el Estado no hace más que revictimizarla”, sostuvo Aguirre.
“Es terrible empezar a transitar los pasillos de la Justicia con una denuncia por violencia”, dijo, apoyada en su propia experiencia como abogada. “Si no se arbitran las medidas de exclusión del hogar, lo que es mucho más burocrática todavía, la mujer no tiene adónde irse, porque si el agresor se entera no puede volver a la casa”.
Esto se torna doblemente peligroso: “En la mayoría de los femicidios cometidos en situación de cuarentena había denuncias previas, lo que evidencia que el Estado no encontró la forma de darles respuesta a las mujeres expuestas a violencia doméstica”, comentó.
La situación se agravó con la pandemia, porque “las mujeres que están sufriendo violencia quedaron encerradas con sus agresores”, señaló Aguirre, y respaldó sus dichos con un dato estadístico: “El índice de delitos generales bajó, y sin embargo se mantuvo la tasa de femicidios. Las mujeres están en una situación aún más vulnerable y eso requiere una respuesta del Estado.”
“En la provincia, las denuncias a la línea 137 han disminuido y la primera razón es que las víctimas están conviviendo las 24 horas del día con el violento y ya no les queda margen para hacer alguna llamada, porque se acentúa la situación de control y sometimiento”, señaló.
