Sagasti, un paño frío en la frente del afiebrado Perú
«No habrá impunidad», garantizó Francisco Sagasti al asumir la presidencia interina de Perú tras una semana de convulsión desatada por la destitución de Martín Vizcarra, en una respuesta al clamor por justicia ante el asesinato de dos jóvenes que participaban de las masivas movilizaciones contra las conductas de la clase política, víctimas de una feroz represión policial.
En una sesión precedida por un minuto de silencio en recordación de esos dos jóvenes, Sagasti tomó el guante de los reclamos populares y admitió que «nuestra clase política no ha estado a la altura de los grandes desafíos que hemos y estamos enfrentando», reclamó “capacidad de rectificación” e instó a cambiar “la forma tan nociva en que hemos estado ejerciendo la política”.
Integrante de la bancada del Partido Morado, la única que votó en bloque contra la destitución de Vizcarra, Sagasti fue designado con el apoyo de 97 parlamentarios sobre el total de 130 miembros del Congreso unicameral.
Su interinato se decidió tras la renuncia de Manuel Merino, el primer designado para suceder a Vizcarra, durante cuyo breve mandato de cinco días se desataron las masivas movilizaciones en Lima y las principales ciudades peruanas.
Nacido en Lima en 1944, Sagasti es ingeniero industrial e investigador. Fue jefe de Planeamiento Estratégico del Banco Mundial y presidente del Consejo Consultivo de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo en las Naciones Unidas.
Para su presidencia interina, prevista hasta el 28 de julio de 2021, anunció que la prioridad de gestión será la atención de la pandemia de coronavirus: el país acumula 930.000 contagios y 35.000 muertos.
Los desafíos incluyen la reversión de la recesión económica, en buena medida resultante de la pandemia. «No es un momento de celebración. Tenemos demasiados problemas, tragedias y dificultades. Es un momento para preguntarnos dónde fue que perdimos el rumbo», dijo en su discurso de toma del mando.
Tras la destitución de Vizcarra, el 9 de noviembre, Perú entró en una espiral de protestas sociales, generadas por el rechazo a la figura de Manuel Merino, el primer designado por el Congreso para afrontar la transición.
Miles de jóvenes salieron a protestar en todo Perú por la destitución de Vizcarra y la elección de Merino, en lo que se consideró como un «golpe de Estado» parlamentario. En respuesta, Merino dispuso feroces represiones policiales a esas manifestaciones, la última de las cuales derivò en el asesinato de los dos jóvenes el sábado a la noche y la renuncia de Merino al día siguiente.
Merino y dos de sus ministros están ahora bajo investigación judicial, en causas que analizan homicidio doloso, desaparición forzada, lesiones, abuso de autoridad y violación de derechos humanos.
