Un informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas repasa los crímenes cometidos en aquel país africano entre grupos armados y las fuerzas del Estado.
(RT) La Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó este martes 3 de julio un informe donde registra violaciones y atrocidades como el canibalismo cometidas en el conflicto armado de la República Democrática del Congo, que se desató a finales de 2016 entre la milicias de Kamuina Nsapu, Bana Mura y las fuerzas armadas de aquella nación africana, junto a otros grupos.
Entre la información proporcionada, el máximo responsable de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Ra’ad Al Hussein, manifestó que el contexto de ese país «sigue siendo motivo de gran preocupación», según el comunicado oficial ya citado.
En efecto, la investigación del ACNUDH destaca que entre enero y mayo de este año se produjeron 2.858 violaciones. Asimismo, el texto alerta sobre el aumento de estos delitos, ya que en 2017 el número alcanzaba los 2.332 casos, dentro del mismo lapso de tiempo.
Desplazados
A su vez, el organismo internacional subraya que actualmente hay 4,4 millones de desplazados internos en todo el país, producto de la violencia. En esa línea, refleja su preocupación por el ambiente hostil que se vive en las provincias de Kivu del Sur y del Norte, junto con los distritos de Kasai y Maniema, donde aumentan las operaciones de grupos armados como Mai-Mai.
«La violencia interétnica e intercomunitaria también había continuado en la provincia de Ituri entre los miembros de las comunidades hema y lendu, lo que provocó muertes, quema de aldeas y desplazamiento masivo», expone la ONU. Por otro lado, también apunta hacia las implicancias gubernamentales: «Los miembros de las fuerzas armadas congoleñas parecen haber sido responsables de un tercio de las violaciones y abusos, incluida la violencia sexual».
Niños armados solo con palos
Por su parte, el director de la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el Congo, Abdoul Aziz Thioye, puntualiza que «3,8 millones de personas en la región de Kasai necesitaban asistencia humanitaria, incluidos 2,3 millones de niños», basado en datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Según el especialista de la ONU en aquella zona congoleña, Bacre Waly Ndiaye, «los niños fueron afectados desproporcionadamente, a menudo enviados a la batalla por milicias armadas solo con palos». En cambio, «las fuerzas —estatales— habían usado armas automáticas indiscriminadamente». Además, señala que casi ningún caso fue sometido a un proceso judicial.
Canibalismo
«Una víctima contó que en mayo de 2017 vio a un grupo de milicianos de Kamuina Nsapu, algunos de los cuales portaban genitales femeninos como medallas», repasó Reuters sobre aquel reporte. Además, la agencia de noticias mencionó: «Algunos testigos recordaron haber visto a personas cortando, cocinando y comiendo carne humana, especialmente de las fuerzas estatales, y bebiendo sangre».
Asimismo, subrayó que al menos 186 hombres y niños fueron decapitados por el grupo Kamuina Nsapu. Según esta información, muchos de estos infantes fueron obligados a pelear desarmados y terminaron acribillados por las fuerzas gubernamentales, que enterraron los cuerpos en fosas comunes.
Así las cosas, ese medio también comunicó que hubo niños «obligados a violar a sus madres». Desde ese contexto, relató que «a las niñas se les dijo que la brujería les permitiría atrapar las balas» y publicó que existieron situaciones en donde una incierta cantidad de mujeres fue «forzada a elegir la violación en grupo o la muerte».
Desconfianza en el próximo proceso electoral
Por otro lado, el informe deja por sentado que no hay garantías suficientes para confiar en la legitimidad de un posible proceso electoral, con vistas al próximo 23 de diciembre. En ese aspecto, instan a las autoridades congoleñas a liberar a los presos políticos, a dejar de prohibir las manifestaciones públicas y, en resumen, a cumplir con lo pautado el 31 de diciembre del 2016: «El respeto del derecho a la libertad de opinión, de expresión y de reunión pacífica».
En contrapartida, Naciones Unidas señala que «la intimidación de los activistas de los derechos humanos y los periodistas se había intensificado, y se siguieron documentando múltiples casos de detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad».
A su vez, el informe destaca que uno de los motivos de la crisis local pueda deberse a la excesiva permanencia del presidente Joseph Kabila en el cargo, ocupado desde 2001, cuando mataron a su padre Laurent-Désiré Kabila en enero de ese mismo año.