El cierre operativo de las delegaciones del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) fue dispuesto a partir del 1 de abril por el Gobierno nacional, enmarcando la decisión en «la reestructuración del organismo que busca lograr una mayor profesionalización y eficiencia». La medida genera gran preocupación por la disminución de servicios y la pérdida de presencia territorial en todo el país.
Este es un gobierno que está destruyendo al Estado, lo está desfinanciando, lo está haciendo bola y goma por todos lados», enfatizó Osvaldo Francés, titular de la Asociación de Radiodifusores del Buenos Aires y en Interior de la Argentina (ARBIA), en el programa Contala como quieras, en La 99.3
El dirigente informó que «ya llegaron cientos de telegramas a los compañeros que cumplen funciones», y consideró que «se trata de no controlar más a las empresas privadas, porque el público sabe y si no sabe se lo decimos, ENACOM es el organismo que controla el precio del cable, de la Internet, de los celulares, de la transmisión satelital, es decir que que dejan libre albedrío a los privados sobre lo que vamos a empezar a pagar a partir de ahora. No es cierto que al no haber más control de parte del Estado el mercado se va a regular solo. Es lo mismo que pasó con el desguace la Secretaría de Comercio, que vemos lo que tenemos que pagar un kilo de arroz, un kilo de carne, un kilo de papa o una planta de lechuga de 10.000 pesos», alertó Francés.
El pasado 27 de marzo los interventores designados por la Jefatura de Gabinete (Presidencia de la Nación) anunciaron el cierre de 28 delegaciones de ENACOM en todo el país con el despido de la totalidad del personal que allí se desempeñaba, alrededor de 300 personas. En días posteriores aproximadamente 140 trabajadoras y trabajadores que cumplían funciones en la sede central del Ente en la Ciudad de Buenos Aires, no pudieron ingresar a sus puestos de trabajo, se informó desde Página 12. El procedimiento fue el mismo utilizado en otras áreas del Estado: se bloquearon los accesos por la policía, se inhabilitaron los ingresos por credenciales y huellas digitales y desaparecieron del sistema informático los usuarios de los despedidos. Víctimas del atropello cayeron desde trabajadores en planta permanente y otros contratados. Entre estos últimos hay quienes llevan hasta veinte años cumpliendo funciones en ENACOM en las mismas condiciones. También se despidió a delegados sindicales cuya estabilidad está formalmente protegida por la ley.