Carlos Resio.
Ayer 7 de junio, conmemoramos el día del periodista en honor a Mariano Moreno, fundador de La Gaceta de Buenos Aires, el órgano de difusión de la revolución de mayo. Este medio era una herramienta revolucionaria y como tal tenía un marcado sesgo que en muchos casos superaba límites que hoy serían considerados inaceptables pero en La Gaceta escribían los portadores de la llama revolucionaria, patriotas convencidos y comprometidos con su hora y con una idea de Patria que el campo nacional y popular hace suya hoy. Por eso desde entonces la derecha reaccionaria intenta desprestigiar al secretario de la junta minimizando o deformando su obra, lo hizo Rivadavia entonces y en la actualidad, por ejemplo, Miguel Wiñazky en su libro “Moreno, el fuego que inventó la patria”. Como vemos la discusión sobre el rol del periodismo y el valor de las noticias viene de larga data en nuestro país pero también en todo el mundo
Haciendo un poco de historia y para advertir que la discusión sobre la manipulación de la información pública no es nuevo, ya el dramaturgo de la antigua Grecia, Esquilo, en el siglo V ac señaló que la primera víctima de la guerra es la Verdad; Sócrates denunciaba a los sofistas y Platón, en su libro El Sofista, habla de la técnica de la venta de conocimiento. En los tres casos se denunciaban, sobre todo, los intereses involucrados detrás de estos comportamientos del engaño. Más adelante, durante la edad media se falsificaban los contenidos de las bulas papales para lograr beneficios económicos y privilegios. En todas las épocas hubo y habrá noticias falsas y la velocidad y masividad de su difusión fue lo que las potenció a medida de que avanzaban las tecnologías de medios de transporte y del soporte de medios de comunicación. En aquellos tiempos las noticias llegaban meses después de haber ocurrido y raramente había posibilidad de desmentirlas. Incluso el sistema fue utilizado, esta vez en beneficio de la Patria, por San Martín quien implementó con su propia imprenta la guerra de zapa con la que confundió a los realistas primero y motivó al pueblo chileno luego en el proceso revolucionario.
Como ejemplo documentado de hace dos siglos, una mentira periodística registrada y tomada como caso emblemático fue publicada por el periódico neoyorquino The Sun en 1835 e informaba acerca de seres que habitaban la luna según lo habría publicado una “prestigiosa” revista científica de Edimburgo en Escocia. La noticia causó un enorme impacto en EEUU gracias a tres factores: la aparición de las prensas de alta capacidad, la caída del precio de los diarios (la pennypress) y la llegada de los nuevos medios de transporte que superaban la velocidad de los caballos por primera vez en la historia: los trenes y los barcos de vapor. Esos factores ayudaron a difundir a gran escala una información falsa y sensacionalista bajo el disfraz de una noticia verdadera. El diario se convirtió en el más vendido del mundo y hasta el ya prestigioso New York Times no se animó a desmentir la noticia calificándola de verosímil. La constitución había consagrado 40 años antes la libertad de prensa. Miles de personas la dieron como cierta y a su vez difundieron la mentira que siguió siendo comentada durante décadas sin conocer la desmentida luego de conocerse el fraude y los dueños del diario se llenaron de dinero.
Las mentiras sobre las armas químicas en Irak es otro caso más cercano que muestra lo dramático que puede ser este flagelo.
Llegamos así al término que actualmente define la farsa informativa y que surge en 2017 cuando el diccionario de inglés Collins informó que “fakenews”era su Palabra del Año: “Una información falsa y a veces sensacionalista que se presenta como un hecho y que se publica y se extiende por internet” (Quin, 2017) Esta elección se basó en lo sucedido en la campaña de 2016 y la circulación de noticias falsas sobre Hillary Clinton y Donald Trump. Las “fakenews” ayudaron a Trump a ganar las elecciones y a sus difusores a llenarse los bolsillos. Se llegaron a contratar personas en Europa Oriental para el diseño de páginas falsas y publicarlas.
La profusión de noticias falsas en el mundo, en especial en nuestros países sudamericanos y particularmente en nuestro país, vienen de la mano de la concentración de medios y el manejo económico y de recursos puestos en las redes sociales para formatear las mentes de nuestros pueblos en contra de las ideas y propuestas que desde el campo nacional y popular intentan insistentemente dar vuelta la fórmula conservadora y liberal que desde hace siglos nos han puesto como factorías neocoloniales al servicio de potencias imperiales y, últimamente, de corporaciones financieras y económicas.
El mecanismo de las “fakenews” como sistema de manipulación sicológica es una formidable arma en contra de los pueblos que opera sobre distintas facetas de su formación y cultura pero ya vimos que no es novedoso sino que va a adaptando sus formas a los sistemas tecnológicos y as modificaciones culturales que estos conllevan.
No quiero abundar aquí en una lista de ejemplos locales que seguramente la audiencia de esta radio conoce a la perfección sino reflexionar acerca de las circunstancias que nos llevan a la indefensión ante este flagrante avasallamiento sobre la conciencia de los pueblos.
Cuando la libertad de prensa se consagró en las distintas constituciones nacionales y también en el artículo 14 de la nuestra se pensó en la defensa de un derecho que en el contexto en que fueron dictadas era permanentemente conculcado muchas veces con aplicación de prisión o incluso peor, la muerte. El derecho a expresarse fue instituido como un contra poder a los absolutismos. Como vimos antes, los tiempos fueron modificando las configuraciones de convivencia social, los sistemas políticos y la tecnología de la comunicación y el transporte lo que determinó, a partir del avance de las corporaciones económicas, que la libertad de prensa y expresión de unos pocos comunicadores concentrados se imponga sobre el derecho a la información de las grandes mayorías. Por tanto, según lo expresa Juan González Saborido, abogado investigador y docente de la Universidad de El Salvador, en una publicación académica, “el derecho a la información es una categoría superadora de la libertad de expresión”. Es decir que tal derecho establece aquella libertad. Esto expresa que lo que se informa debe ser el insumo que los pueblos, destinatarios de dicha información de veracidad relativa y en la que el hecho sea el protagonista, utilicen para tomar decisiones libres en informadas; la información veraz y completa debe ser considerada como un servicio de interés público y por tanto el Estado debería constituirse como garante. Pero también hay que decir que a pesar de que los absolutismos han desaparecido como institución en algunas regiones del planeta, han mudado a otras formas que aún persiguen comunicadores y periodistas quizá con otros mecanismos pero no por distintos menos violentos y autoritarios para acallar sus voces.
El intento llevado a cabo a partir de la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual puso en evidencia estos conceptos y, sobre todo, proyectó el interés al pueblo, y no solamente a los medios y a los comunicadores, ofreciendo herramientas para la defensa de este derecho universal fundamental.
No en vano entre las medidas aplicadas en las primeras horas del infausto gobierno de Macri estuvo la derogación de los artículos de la ley que devolvían a las corporaciones la capacidad de concentración mediática y de información generando un oligopolio como nunca antes había existido sometiendo al público a una obscena provisión de basura cultural e informativa exacerbando prejuicios, odios y tendencias culturales, destinados a favorecer la posición dominante del poder económico detrás de Cambiemos apoyado además en un sistema judicial asociado a este mecanismo con otro mecanismo nefasto, el “lawfare”. Claro que esto hubiera sido más difícil con un pueblo atento, instruido y sobre todo consciente y no crédulo, atributos que fueron menguando sobre todo a partir de la última dictadura militar, durante la cual la producción de noticias falsas era la norma y la verdad se pagaba con la muerte. Los periodistas desaparecidos durante la dictadura fueron 223.
El concepto de que la información como una categoría jurídica superadora de la libertad de expresión podría constituirse en uno de los caminos de salida para superar este estado de cosas en el cual el Estado en su concepción actual no acierta a resolver para que el pueblo necesitado de información sea un aliado de hierro de sus comunicadores, y estamos viendo alguna experiencias que así lo indican. A su vez vemos con estupor como es el propio Estado el que resguarda la concentración mediática fortaleciéndola con ingentes fondos para las pautas a los medios más importantes y no atina a aplicar ni siquiera los artículos de la Ley 26522 que aún se encuentran vigentes dejando de lado y librados a su suerte a infinidad de medios populares que intentan desarrollarse. Ni hablar de insistir en volver sobre esta legislación para sancionar una ley aún más beneficiosa para las mayorías.
Entonces, y como desde esta columna vengo insistiendo, este es otro de los temas que debería quedar en manos del pueblo y no exclusivamente en los espacios corporativos, partidarios o específicos de la profesión comunicacional. Estos conceptos deberían formar parte de las discusiones en las bases populares para que sea comprendida su importancia fundamental para la vida democrática. Un pueblo no dispone libremente de sus acciones y elecciones si no tiene fuentes de información diversa y de calidad y por lo tanto si las corporaciones hegemónicas al servicio del poder financiero y económico local e internacional son las que mal informan la democracia que se logra es una farsa.
Ya deberíamos saber perfectamente que los derechos no son providenciales sino que deben pelearse, la mayoría de las veces duramente. Entonces, a las experiencias de las comunidades militantes de audiencias radiales y de lectores de prensa escrita que con su esfuerzo sostienen medios alternativos hay que sumar a las masas populares que, adueñadas de estos derechos, impulsen a que el estado, por fin, asuma su rol tutelar y asegure para el pueblo este elemento básico que es indispensable para la vida en democracia, un verdadera democracia.
Para analizar, reflexionar y debatir el ideario del Manifiesto Argentino, Carlos Resio, integrante de la Mesa Ejecutiva de la organización que conduce Mempo Giardinelli, comparte propuestas de la agenda pública en su columna semanal de cada miércoles, a las 7,30 en el programa Contala como quieras, en La 99.3