Las medidas extremas en prevención de una expansión incontrolable del coronavirus ya han tenido secuelas de violencia en las cárceles argentinas, alguna de ellas con la tragedia de la muerte a cuestas, y aunque las unidades penitenciarias de Misiones no registran hasta el momento hechos de magnitud, “los ánimos están cada vez más caldeados”, advirtió Eduardo Scherer, presidente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura.
La suspensión total de visitas dispuesta el viernes pasado por el Servicio Penitenciario Provincial (SPP), en consonancia con todas las restricciones impuestas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, les quitó a quienes viven en situación de encierro el apoyo sentimental y anímico más importante para sobrellevar sus condenas.
“Lo que más quiere cualquier persona privada de su libertad es poder ver a sus afectos, a sus familiares”, y a la pérdida de ese contacto se le suma “la preocupación de los reclusos por la situación de sus seres queridos, afuera. Cuán expuestos están, cómo están sobrellevando el aislamiento esas personas en libertad, pero en algunos casos atravesando enfermedades u otros contratiempos”, consideró Scherer, entrevistado en el programa Contala como quieras.
La suspensión total de visitas acarrea otra pérdida, en apariencia más trivial pero sin embargo esencial para quienes viven en prisión: “Quienes los proveen de cigarrillos, yerba, galletitas, son quienes los visitan, y esa ayuda resulta primordial para quien debe sobrellevar su vida cotidiana en situación de encierro”, agregó.
Jueces apegados a las prisiones preventivas
Al frente de un organismo que monitorea permanentemente las condiciones de vida de detenidos en cárceles y comisarías, Scherer aporta varios otros elementos de toda la estructura institucional que reclaman revisión para descomprimir esos “ánimos cada vez más caldeados”.
“En estas situaciones, más que nunca, se hace necesario revisar esa tendencia de tantos jueces en la provincia a imponer prisiones preventivas”.
En las cárceles misioneras hay ”muchísima gente privada de su libertad con procesos en los que han sido violentadas sus garantías constitucionales de defensa en juicio”, sostuvo.
“Hay personas que están hace siete, ocho, nueve años con prisión preventiva, sin condena firme. En algunos casos, a la espera de un testimonio, de una pericia… No hay elemento jurídico alguno que justifique esas condenas”, señaló.
Existen muchos casos en que los detenidos “están en condiciones de tener prisiones domiciliarias, salidas transitorias o libertad condicional, de obtener las pulseras electrónicas… Incluso hay personas que padecen enfermedades graves, pero los jueces son muy reacios al otorgamiento de este tipo de medidas”, insistió.
Como dato estadístico, Scherer comentó que las ocho unidades carcelarias del SPP alojan a 1.600 personas. Y reveló que un relevamiento realizado por la comisión que él preside detectó que 800 de esos reclusos no tienen condena firme. “Es un estudio que tenemos en marcha, y que también nos permitirá conocer quiénes son los jueces en la provincia que utilizan en forma desproporcionada este tipo de medidas”, dijo.
La Comisión de Prevención de la Tortura envió una recomendación al Supremo Tribunal de Justicia misionero para que desde esa máxima instancia jurídica provincial se instrumenten medidas que permitan “comenzar un proceso de desconcentración de las unidades penales“, comentó.