Marcelo Mascarino, referente de los suscriptores de planes de autoahorro en Misiones, advirtió que las empresas automotrices siguen intimando a los propietarios de los vehículos al pago de cuotas abusivas, multas y otros conceptos, y llamó a quienes tengan entablados recursos judiciales contra el aumento desmedido de las cuotas a estar atentos y no dejarse intimidar por esas presiones.
“La cautelar está vigente”, recalcó Mascarino, en alusión al fallo del Juzgado Federal de Posadas que el 1º de noviembre pasado ordenó a las automotrices retrotraer el valor de las cuotas de los planes de ahorro para la compra de vehículos cero kilómetro suscriptos antes de abril de 2018 al valor que tenían en aquel momento y actualizar el monto de las cuotas con el índice del aumento salarial.
“Hay empresas que, como se paralizó la actividad en el Poder Judicial, (a la cautelar) la dan por caída”, dijo, y citó el ejemplo del Plan Rombo, que a través de correos electrónicos o cartas documento “les comunica a los suscriptores que el plan está caído y que tienen que pagar la diferencia”. Recordó al respecto que los fallos como el del juzgado federal que conduce José Luis Casals siguen en vigencia hasta tanto se pronuncie la Cámara de ese fuero en la que se hayan presentado recursos en contrario.
“A mí me quisieron cobrar casi 27.000 pesos de honorarios prejudiciales”, contó como ejemplo de los distintos métodos con que las automotrices presionan a los ahorristas para forzarlos a pagar montos que de alguna manera compensen lo que siguen pretendiendo recaudar. “Me gasté un montón de plata en cartas documento, pero logré dejar sin efecto esa multa que me querían aplicar”, le dijo al programa Contala como quieras.
El representante de los autoahorristas también rechazó la reciente resolución de la Inspección General de Justicia (Nº 14/2020, publicada en el Boletín Oficial), que estableció un sistema de diferimiento del aumento de las cuotas que habilita a postergar hasta por 12 meses el pago de ese incremento.
“Es una aberración para la gente. La propia resolución da cuenta de que sólo fueron consultadas dos asociaciones de empresas automotrices y a nosotros no se nos convocó nunca para escuchar nuestros reclamos”, sostuvo Mascarino.
“El control o fiscalización de estos planes no se hace. A diferencia de los deudores de créditos hipotecarios por el sistema UVA, cuyo coeficiente de actualización de los montos de las cuotas está regulado por el Banco Central, en el caso de los sistemas de autoahorro estos señores de las automotrices tienen una revistita en la que ellos establecen cuáles son los valores móviles de los autos, y los gobiernos aceptan que ellos jueguen con el precio de los vehículos en forma totalmente arbitraria: los valores suben por inflación, porque sube el dólar… Sin embargo, cuando baja el precio del petróleo, que tiene incidencia directa en el mercado automotor, la cuota nunca baja”, señaló.
“En esta situación de paralización casi total de la actividad económica han subido hasta un 15 por ciento el valor móvil de los autos y ni las concesionarias ni las propias administradoras de los planes están trabajando, por lo menos atendiendo al público, pero mandan a los empleados jerarquizados a que desde sus casas te bombardeen con intimaciones”, protestó.
“Lo único bueno de esta resolución es que suspende las ejecuciones hasta septiembre”, señaló Mascarino, aunque a la vez relativizó la validez de ese plazo: “¿Quién va a estar en condiciones de afrontar en septiembre, después de todo este parate, el monto de las cuotas tal como lo siguen estableciendo las automotrices?”, se preguntó.
En todo el país hay alrededor de tres millones de ahorristas atrapados por el aumento exorbitante que, al amparo de las devaluaciones del peso y la inflación, tuvieron a partir de 2018 las cuotas de los planes de financiación para la compra de sus vehículos, estimó Mascarino.
En la misma línea que el fallo del Juzgado Federal de Posadas se pronunciaron durante 2019 otros tribunales de Santa Fe, Córdoba y Tucumán, pero las medidas cautelares apenas difieren plazos que para los titulares de los planes de autoahorro siguen siendo un mínimo refugio bajo permanente amenaza de un compromiso impagable.