El cartero llama tantas veces…
La jueza en lo Comercial Marta Cirulli dispuso la “intervención plena” de la empresa Correo Argentino y el “desplazamiento total” de sus directivos, integrantes de la Sociedad Macri (Socma).
Las medidas habían sido solicitadas por el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, y la fiscal ante la Cámara en lo Comercial, Gabriela Boquín, tras el fracaso de las propuestas de acuerdo para el pago a los acreedores, entre los cuales el Estado nacional es el principal.
La jueza Cirulli señaló que “el proceder que viene evidenciando Correo Argentino S.A. resulta esquivo e imprevisible” y “arroja un manto de duda” sobre el “esperable comportamiento sincero”.
A principios de febrero la fiscal Boquin había pedido la intervención de la empresa tras señalar que transcurridos más de quince años desde que la firma debería haber presentado su propuesta de acuerdo con los acreedores “la concursada perpetró actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa” violatorios de la Ley de Concursos y Quiebras.
La Procuración del Tesoro, conducida por Zannini, adhirió a su planteo.
La empresa presentó la semana pasada un recurso extraordinario para evitar que se abra el salvataje, tal como había ordenado en diciembre la Cámara Comercial. Ese procedimiento obliga a poner en venta las acciones y que una eventual compradora especifique cómo pagará las deudas.
En caso de que ese mecanismo fracase, el paso siguiente sería la quiebra, que debería ser asumida por la controlante, Socma. El grupo Macri ahora intenta llevar otra vez la discusión a la Corte Suprema, que ya falló dos veces contra sus intereses.
El fallo de la jueza Cirulli advierte que “la aparición en el año 2019 de una deuda que dataría del año 2000, que no se conocía y sólo pudo comprobarse por la labor del coadministrador y el contador público que lo asiste, confirma que subsiste un enorme margen de duda respecto a la sinceridad del comportamiento de la concursada en esta instancia clave del procedimiento, donde se juega su suerte”.
La fiscal Boquín había sostenido en su presentación que hubo un «uso abusivo del procedimiento concursal» y que la empresa se valió del mismo «para defraudar la ley y los derechos de los acreedores».
Se trata de la fiscal que en 2017 rechazó por «abusivo» el acuerdo que el gobierno de Mauricio Macri quiso homologar por la deuda que la firma de su familia mantiene con el Estado nacional, acuerdo que motivó una causa penal.
En esa causa están imputados y ya fueron indagados el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad (después a cargo de la cartera de Defensa hasta el final del mandato de Mauricio Macri), el exdirector general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones Juan Manuel Mocoroa, el presidente del Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, y el abogado de la compañía Jaime Leonardo Kleidermacher.
