Nueve gobernadores opositores al presidente Jair Bolsonaro pidieron este miércoles a la población y las instituciones una «firme actitud» para defender la «legalidad y la paz», en el marco de las amenazas de motín de policías que convocan a manifestaciones el 7 de septiembre, día de la Independencia, para respaldar al mandatario en su disputa con la corte suprema.
«Los gobernadores del Nordeste reclaman a la sociedad y a las instituciones a una actitud firme en defensa de la legalidad y la paz. Solamente así Brasil tendrá condiciones de combatir la inflación, el desempleo y la pobreza, que crecen en los hogares de las familias de nuestro país», sostuvo una carta de los gobernadores.
La advertencia se refiere a la convocatoria hecha por policías bolsonaristas en las redes a movilizarse, sobre todo luego que el mandatario confirmara su presencia en las manifestaciones previstas para el 7 de septiembre próximo en Brasilia y San Pablo.
También dijeron que los responsables por la seguridad «no participarán de actos fuera de la Constitución».
La carta está firmada por los gobernadores de la región nordeste: Maranhao, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Piauí y Bahía.
Este grupo de bolsonaristas convocaron a manifestarse para pedir la intervención militar al Supremo Tribunal Federal, la máxima corte del país que abrió tres causas en los últimos meses contra el presidente, una por prevaricato y otra por supuesto atentado contra la democracia, al divulgar fake news sobre el sistema electoral y un supuesto fraude de los jueces.
Esta confrontación de poderes escaló cuando Bolsonaro empezó a aparecer debajo en las encuestas, derrotado por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva de cara a las elecciones generales del próximo año, y comenzó a pedir un cambio en el sistema de urnas electrónicas, opción que no fue aprobada por el Congreso.
Tras este rechazo y la apertura de una nueva causa, Bolsonaro pidió formalmente abrir un juicio político al juez Alexandre de Moraes, del supremo tribunal, el encargado de comenzar a investigarlo, una iniciativa que por el momento no tiene eco en el Senado.
En paralelo, otro gobernador crítico de Bolsonaro, el de San Pablo, Joao Doria, apuntó contra la convocatoria bolsonarista de principio de septiembre.
Destituyó a un coronel de la Policía Militarizada que había convocado a romper la cadena de mandos y defender al presidente en las calles, por hacer política, algo prohibido por ley.
La tensión es tal que la fiscalía de Brasilia pidió a la inteligencia policial informes sobre presuntos movimientos de amotinados para el 7 de septiembre próximo, una fecha que no tendrá los tradicionales desfiles militares aunque sí estas convocatorias bolsonaristas en varias ciudades.
(Télam)