Sorpresivamente, el lunes último los trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad (AND) llegaron a su lugar de tareas y se encontraron con un fuerte operativo policial en la puerta de ingreso donde un agente de seguridad autorizaba el paso a quienes no se encontraban en la lista que sostenía en sus manos.
La sentencia de desempleo cayó sobre sesenta trabajadores del organismo creado por el actual gobierno en septiembre de 2017, tras el cuestionado intento de dar de baja 170 mil pensiones por discapacidad. Bajo la órbita de la AND unificó la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis), el Servicio Nacional de Rehabilitación, el Programa Incluir Salud y la ex Comisión Nacional de Pensiones.
“Esto es parte del desmantelamiento de los programas que atienden a la población más vulnerable del país, que tienen una pensión no contributiva y a través de eso acceden a medicación, rehabilitaciones y centros para niños con discapacidad. Este gobierno desmantela estas áreas y recorta por los más débiles”, dijo a Contexto Roxana Zapico, integrante del Programa Incluir Salud (ex Profe), también afectado.
Los trabajadores señalaron que los despidos son un episodio más en el deterioro y recorte de las políticas públicas destinadas a la Agencia Nacional de Discapacidad.
Entre estos recortes, el delegado de ATE Pensiones, Walter Pignataro, denunció en un comunicado “la eliminación por DNU de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales”, la derivación a la ANSES de las pensiones por vejez (Ley N° 13.478) y madre de siete hijos (Ley N° 23.746), la falta del pago de alquileres y servicios, que no permite el normal funcionamiento de centros de atención, y el cierre de las oficinas de atención de Tigre, Lomas de Zamora, Moreno.
“Nuestro Programa (Incluir Salud) ya no hace trabajo en el territorio, no vamos más al barrio a llevarles la salud a los beneficiarios del programa. Con los demás pasa lo mismo, nos dicen que no hay plata para hacer los viajes al interior del país, mientras a su vez hay unidades de gestión provinciales que están sin teléfono, Internet ni luz”, remarcó Zapico.
Los cesanteados cobraban salarios de entre 13.000 y 18.000 mil pesos. El achique se aplica al tiempo que, según denunciaron los trabajadores, se aumentó “la planta de personal con salarios superiores que se asignan el cobro de horas extras que superan las veinticuatro horas del día y cobro de unidades retributivas (UR) que traducen en abultados sueldos”.
“Desde la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad, han tercerizado la liquidación de haberes de los trabajadores y abonaron cifras de hasta 5.000 pesos menos a los trabajadores”, indicaron desde ATE, y agregaron que, hasta la asunción de Cambiemos a nivel nacional, “se otorgaban 12.000 beneficios por mes”, mientras que en la actualidad las cifras mermaron y “en los cuatro meses que lleva el año aprobaron 8.869 pensiones”. Más de 100.000 trámites varados en el área de auditoría médica a la espera de resolución completan el cuadro de situación que hicieron público los trabajadores.
Las políticas de ajuste en el organismo, que provocan demoras para atender las demandas, “violan la Convención Internacional de los Derechos de Niños/as y Adolescentes, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y los principios de la Seguridad Social”, afirmaron desde ATE.
“Desde hace cuatro meses tuvimos reuniones con autoridades porque se hablaba de ajuste y despidos. En ese tiempo nos han dicho que no iba a haber recorte de personal porque no tenían la posibilidad de contrataciones nuevas. Y de repente hoy (por ayer) nos desayunamos estos despidos”, agregó Zapico.
Al cierre del lunes, los trabajadores se encontraban en la puerta del edificio a la espera de una reunión con funcionarios del área de Recursos Humanos. “Nuestro límite son los despidos, no vamos permitir que despidan a los compañeros de esta manera, y mucho menos que nos metan a la Policía Federal dentro de los edificios. Fue una situación muy violenta”, cerró Zapico.
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“Esos despidos significan otro paso en el vaciamiento que impulsa el gobierno nacional”, expresó Walter Pignataro, delegado general de la Junta Interna de la ATE, quien agregó que las nuevas pensiones “están paradas, trabadas y sin posibilidad de que se apruebe en lo inmediato su otorgamiento”, por lo que se denunciará “las políticas oficiales”.
Entre los 61 despedidos, según el representante de base, hay 5 delegados gremiales, un integrante del consejo directivo de Córdoba y otro de Necochea, aseguró.
Silvia León, secretaria de Organización nacional del gremio, ratificó el plan de lucha sectorial y aseguró que “la ATE está de pie en todo el país y continuará resistiendo”.
“El sector de Pensiones tiene un gran impacto porque se relaciona con la salud y la vida de la población”, concluyó León en el documento de prensa.