La Municipalidad de Garupá intentó desalojar sin orden judicial y con un móvil policial a familias asentadas en el barrio Horacio Quiroga. La encargada del desalojo compulsivo fue la directora de Tierras del Municipio Herminia Melgarejo quien fue acompañada de un hombre que se presentó como abogado según el relato de los vecinos.
En resguardo de los vecinos intervino el Ministerio de Derechos Humanos y la Oficina de Acceso a la Justicia desde donde se comprometieron a investigar la situación legal de los terrenos.
Las familias del barrio Horacio Quiroga están siendo registradas por integrantes del Movimiento Evita Misiones para incluirlas en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap), y eso impide que sean desalojadas y las habilita a solicitar el acceso a servicios básicos como agua potable y energía eléctrica.
Hace poco más de dos años las familias afectadas por el intento de desalojo llegaron al barrio Horacio Quiroga y, entre ellos, hay quienes aseguran que le compraron el lote a un hombre de apellido Gómez. La funcionaria municipal en un primer momento advirtió que se trata de lotes fiscales y posteriormente alegó que los mismos son propiedad privada y el municipio interviene en representación de sus dueños, según comentaron los vecinos.
«La señora Herminia llegó de manera prepotente a decirnos que el terreno es municipal, y que debíamos abandonar todo e irnos. Le pedimos hacer un acuerdo con el municipio porque queremos pagar los impuestos y que nos entreguen el permiso de ocupación, porque no tenemos otro lugar donde vivir. Y ahí cambió el discurso y nos negó con la excusa de que el terreno era de un particular, y ante eso, el municipio sólo intercedía en nombre del propietario», explicó una de las mujeres que vive en el lugar y agregó que «la funcionaria no tenía orden judicial de desalojo ni la credencial de la persona que decía ser un abogado, sólo mostró el plano de los lotes».
De su lado, Gladis Peralta Cuyer remarcó: «Somos unas cuantas familias, con chicos y no tenemos adonde ir.Algunos de los que estamos en el barrio le compramos el lote a un señor de apellido Gómez». Peralta Cuyer también relató que 15 días antes del ese episodio apareció en el lugar un grupo de hombres amedrentando a los vecinos. «Vinieron en dos coches, pararon al costado de las vías y entraron caminando con machetes en la mano, diciendo que nos teníamos que ir porque es una propiedad privada, que tiene dueño, y que si nos negamos, van a destruir nuestras casas, y no va a quedar nada. Nos asustamos mucho, mi marido es discapacitado, tiene una pierna amputada y no daba para enfrentarlos», lamentó.
La misma Gladis Peralta contó que antes de asentarse en el barrio Horacio Quiroga junto a su pareja ambos eran estudiantes universitarios y alquilaban una casa. «Pero mi marido tuvo un accidente hace dos años, se le infectó el hueso y le amputaron una pierna y ya no pudo trabajar más. La crisis económica y social nos empujó a que con la plata de la indemnización compráramos ese terreno a un señor de apellido Gómez, y vivíamos en lo de mi mamá hasta que pudimos comprar la madera para armar nuestra casita, que después nos quemaron. Así que otra vez con esfuerzo conseguimos las maderas, y ahora el municipio pretende desalojarnos, no lo vemos a permitir. Como ciudadanos tenemos derechos y vamos a pelear por ellos», enfatizó casi a coro con otras vecinas.
Laura Sanabria también manifestó su temor porque tiene seis hijos, tres de ellos discapacitados. «Tengo miedo de que los lastimen a ellos», porque «los matones no se quedaron en amenazas, volvieron en dos oportunidades más y prendieron fuego lo que era mi casita, tumbaron por la mitad y quemaron la otra mitad. Por suerte yo no estaba pero los vecinos vieron todo lo que pasó. Estos hombres quemaron las casas de las familias que estaban ausentes ese mediodía. Fue muy doloroso llegar y encontrarme con mi casa prácticamente destruida. Con mi marido nos tuvimos que ir a lo de mi mamá, hasta que volvimos a comprar madera para empezar de nuevo».
La familia Sanabria estaba en la nueva construcción de su vivienda cuando llegó la directora municipal de Tierras y les dijo que iba a decomisar los materiales porque estaban ocupando una propiedad privada. «Nos juntamos un grupo de vecinos y nos pusimos firmes en que no íbamos a abandonar los terrenos, que los habíamos comprado. Nos aconsejó que nos presentáramos al Salón Municipal Evita al día siguiente con el boleto de compra venta para llegar a un acuerdo;pero no confiamos en ella, que además nos increpó que no siguiéramos construyendo; pero le respondimos que nos habían quemado nuestras casas y que íbamos a tratar de armar de nuevamente porque no tenemos donde vivir», contó la joven.
Desde ese día, las familias se encuentran en vigilia. Las mujeres hicieron la denuncia en la Comisaría 5ta de Garupá; pero la oficial que las atendió se negó a darles una copia de lo denunciado.
Denuncias por venta irregular de terrenos
Según se desprende de la denuncia pública que hizo el Partido agrario y Social (PAyS), Melgarejo tiene varias denuncias en su contra por la venta de terrenos, utilizando la misma metodología: desalojar violentamente a las familias en situación de pobreza y lucrar con esos terrenos para su propio beneficio. La funcionaria que tuvo una causa penal por ese delito ocupa el cargo de directora de Tierras desde hace muchos años en el Municipio.