La Justicia pidió la detención de Aída Ayala

La misionera Aída Ayala, exintendenta de Resistenca, Chaco, está imputada por lavado de dinero. La hoy diputada nacional por Cambiemos primero dijo que se entregaría a la justicia, después dijo que se apara en sus fueros.

(P12) La jueza Federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de la ex candidata a gobernadora de Chaco y actual diputada de Cambiemos Aída Ayala, para detenerla en el marco de la causa de lavado de activos de la empresa de recolección de residuos Pimp SA.  La magistrada cursó la solicitud tras hacer lugar el pedido que en ese sentido había realizado el fiscal Patricio Sabadini. Ayala, quien había asegurado que estaba a disposición de la Justicia, se escudó ahora en sus fueros. “El Congreso de la Nación deberá ser quien resuelva la cuestión”, dijo.

Aida Beatriz Máxima Ayala nació en Posadas en 1953 y a los 17 años se trasladó hacia la Ciudad de Resistencia donde realizó sus estudios de ingeniería en la Universidad Nacional del Nordeste. En la capital del Chaco se casó y tuvo dos hijas. Militante y dirigente de la Unión Cívica Radical, fue electa para los períodos 2003-2007, 2007-2011 y 2011-2015 como intendenta de Resistencia. En 2015 se presentó como candidata a la gobernación de la Provincia del Chaco pero quedó en segundo lugar con un 42 por ciento de los votos y 13 puntos de distancia respecto al Gobernador electo Domingo Peppo.

En diciembre de 2015 fue designada Secretaria de Asuntos Municipales de la Nación en el inicio de la Presidencia de Mauricio Macri..​ Renunció a este cargo en diciembre de 2017 para asumir el cargo de Diputada de la Nación tras ser electa en las elecciones de 2017 y se integró al bloque de diputados UCR-Cambiemos.

Ayala está acusada de “lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de coautor”. Por esa razón Niremperger accedió al pedido de Sabadini de detenerla.

“Ante el pedido de la fiscalía federal que deberá ser analizado por la jueza y en caso de que se me investigue, estoy a disposición de la justicia como lo he hecho siempre”, afirmó Ayala cuando Sabadini pidió su detención. Sin embargo, ahora que la magistrada dio curso a esa solicitud cambió su discurso.

«Respetando la decisión judicial y con el afán de no realizar ningún acto que se entienda como entorpecimiento a la actividad investigativa, entiendo que no corresponde realizar ningún tipo de presentación en la sede judicial de Resistencia, ya que el Congreso de la Nación deberá ser quien resuelva la cuestión, es en ese ámbito donde primeramente realizaré todas las acciones que sean necesarias para avanzar en la búsqueda de la verdad», señaló Ayala tras la decisión de Niremperger de pedir su desafuero.

Para que el pedido de la jueza llegue al recinto deberá contar con el aval de la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialista Pablo Tonelli. Ayala se adelantó a los hechos y aseguró sentirse «fortalecida» por «las muestras de aliento» de sus pares en la Cámara baja, «como también de dirigentes nacionales de Cambiemos, y sobre todo el aliento y apoyo a través de llamados y mensajes en las redes sociales» de parte de los chaqueños.

La causa en la cual fue solicitada la detención de Ayala cobró impulso en marzo con allanamientos y el arresto del secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Jacinto Sampayo, acusado de lavar dinero a través de la empresa. Hace un mes también fue detenido el empresario chaqueño Alejandro Fisher, quien fue yerno de Ayala mientras ella se desempeño como intendenta. Fisher está vinculado a la empresa que fue contratada por 500 millones de pesos para realizar el servicio de recolección de residuos de la capital chaqueña.

Junto al pedido que involucra a la diputada, el fiscal Sabadini reclamó la detención de Pedro Martínez, Natalia Martínez Guarino, Rolando Acuña y Luis Escobar, quienes estarían vinculados a la firma Tecmasa, una de las que formaría parte del entramado de lavado de dinero que se investiga.

Ayala también es cofundadora de la Fundación Construir, en Resistencia, a la cual la Justicia federal investiga como un “sello” que habría sido utilizado para cometer delitos de lavado. En el marco de esa investigación, la sede de esa fundación fue allanada la semana pasada.