La ONU pide que paren desapariciones
La Oficina de la Acnudh indicó a través de un comunicado emitido este miércoles, que hasta los momentos ha registrado la desaparición de 21 hombres y dos mujeres, desde febrero hasta el 16 de mayo en 2018, y advirtió que existen «fuertes indicios de que estos crímenes habrían sido cometidos por una fuerza federal de seguridad».
#Comunicado Zeid @UNHumanRights urge a México a actuar para poner fin a la ola de desapariciones en Nuevo Laredo > https://t.co/g4YvD2m5Lr pic.twitter.com/sOeFpJ5lDQ
— ONU-DH México (@ONUDHmexico) May 30, 2018
El escrito indicó que según una organización local de derechos humanos, en este mismo período habrían sucedió al menos 40 desapariciones. Aunado a esto según testimonios recogidos por la ONU-DH, las desapariciones fueron perpetradas en las primeras horas de la noche y en la madrugada por miembros de una fuerza federal.
«Se informó que muchas de estas personas habrían sido detenidas arbitrariamente y desaparecidas mientras realizaban su vida cotidiana. Es particularmente horrífico que al menos cinco de las víctimas sean menores, tres de ellas muy jóvenes, tan sólo de 14 años. Estos crímenes, perpetrados durante cuatro meses en un solo municipio, son indignantes», dijo Zeid.
El alto comisionado resaltó que a pesar de la amplia información y evidencias existentes las autoridades han avanzado muy poco en las investigaciones, lo que ha orillado a los familiares de las víctimas a emprender sus propias búsquedas, quienes hasta los momentos han encontrado seis cuerpos.
Juez mexicano ordena investigar caso de espionaje a periodistas
Reza que es extremadamente preocupante que las desapariciones se hayan intensificado luego de la aprobación de laLey General de Desapariciones y exhortó a las autoridades mexicanas a que «realicen una búsqueda efectiva de las personas cuyo paradero aún sigue siendo desconocido y que lleven a cabo una investigación diligente, independiente y completa para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar que sean llevados ante la justicia».
Para finalizar indicó que «los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad de la población. En el caso de la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por funcionarios públicos, es aún más urgente que el Estado actúe para demostrar que no tolera la comisión de tales graves violaciones», dijo el Alto Comisionado.
