Las tizas siguen escribiendo con dignidad
«Estamos expectantes esperando que se convoque a una mesa de diálogo y también estamos alertas porque nos llegaron versiones de que el gobierno quiere desalojarnos», contó la docente María Lía Fernández, de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM) e integrante del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha de Misiones que mantiene desde hace dos semanas un acampe frente al Consejo General de Educación (CGE) en reclamo de una mesa de diálogo con el Gobierno provincial para discutir la grilla salarial del sector.
«Es lamentable la postura del gobierno que se niega a garantizarnos un salario que nos garantice el acceso a la canasta básica de más de 84 mil pesos porque ahora una maestra cobra 54 mil», subrayó Fernández al tiempo que mencionó que a la movilización que mantiene el sector desde el 2 de marzo, día del inicio del ciclo lectivo 2022, cuenta «cada día con más adhesiones de colegas de toda la provincia».
La docente, referente de una agrupación interna de la UDPM, adelantó que presentaron la lista de candidatxs Frente por la Democracia Sindical para disputar la conducción del gremio desde hace muchos años se reconoce alineado con el gobierno del Frente Renovador de la Concordia. «Nos estamos organizando desde el 2020 y lo hacemos al calor de las luchas porque es una vergüenza que el gremio se declare oficialista», remarcó.
Criminalización de la protesta
En el conflicto docente provincial, además de la falta de respuestas a los reclamos se sumó la judicialización de la protesta con denuncias penales contra dirigentes del sector, entre ellos el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (UTEM) Leandro Sánchez. «Nosotros solo tuvimos acceso al texto de la denuncia pero nadie nos notificó de nada», contó Sánchez en el programa Contala como quieras, en la 99.3
«Es vergonzante que se judicialice la protesta porque la denuncia no soluciona el problema. Se trata de una denuncia estúpida porque nos acusan de robar las computadora donde se liquidan los salarios del CGE» dijo y añadió: «nos acusan de hacer un pic-nic dentro del Consejo y de no dejar trabajar en las oficinas».
«Lo que ocurre es que se encontraron con una medida inédita que no pueden encuadrar y por eso tratan de hacerlo como un delito», expresó al tiempo que insistió en que «lo importante es salir de esta situación, tienen que oir el reclamo porque sabe que es justo».
