Cuando el funcionamiento de los tribunales “depende del presupuesto del poder político de turno es muy difícil hablar de independencia real” del Poder Judicial, y en Misiones el primer problema a resolver en esa materia es lograr mayores partidas para el área, ya que “sin una infraestructura adecuada difícilmente se pueda brindar un servicio adecuado”, sostuvo el diputado provincial e integrante del Consejo de la Magistratura provincial Isaac Lenguaza.
“A veces, uno no sabe por qué, algunos jueces fallan de determinada manera y uno sospecha que hay algún tipo de sumisión al poder político de turno”, admitió en una entrevista con el programa Contala como quieras de La 99.3.
Ex titular del Colegio de Abogados provincial, Lenguaza sostiene que hay una primera cuestión a resolver en una provincia que otorga a la Justicia “algo más del 3 por ciento del Presupuesto del Estado, lo que significa destinar a uno de los tres poderes el mismo presupuesto que a un ministerio. Hay provincias que destinan el 6, el 8 y hasta el 10 por ciento de sus presupuestos a sus sistemas de Justicia. Por citar dos ejemplos de provincias vecinas, Chaco o Corrientes nos triplican en la cantidad de juzgados, que además tienen cuatro o cinco secretarías cada uno, mientras que en Misiones la mayoría de los tribunales cuenta con una sola secretaría”, señaló.
Integrante del bloque del FPAys (Frente Popular Agrario y Social) en la Cámara de Representantes, señaló que la Legislatura provincial tiene potestad para decidir la creación de nuevos juzgados, “pero su puesta en funcionamiento depende de que el Ejecutivo destine los fondos. Hace años que se aprobó la creación de un juzgado en Montecarlo, pero como nunca estuvieron los fondos ese juzgado todavía no funciona. Y en la provincia hay muchos juzgados creados por ley hasta ahora sin poner en funcionamiento”.
Recordó al respecto que él tiene presentado un proyecto de ley que propone que se destine un piso de 6 por ciento del Presupuesto provincial al área, lo que le daría al Poder Judicial “mayor independencia, que hoy no existe, porque está sujeto a lo que cada año le asigna el poder político”.
Lenguaza admitió que los mecanismos institucionales resguardan suficientes garantías para la designación de jueces con criterios profesionales, que no habilitan los nombramientos “a dedo”.
Desde el Consejo de la Magistratura “controlamos que esa selección sea lo más transparente posible” para que en cada caso quede establecida una terna de los candidatos más calificados a ocupar una magistratura, y el Poder Ejecutivo se limita a designar a uno de los tres que hayan logrado mejores evaluaciones en los concursos.
La Constitución provincial le da a un juez prerrogativas “para manejarse con plena libertad: intangibilidad en su sueldo, no paga Impuesto a las Ganancias, inamovilidad en su cargo, a no ser que tenga alguna inconducta muy manifiesta… Nadie tiene esas prerrogativas que le da la Constitución a un juez, y eso está muy bien”, consideró.
Sin embargo, existe “esa percepción de falta de independencia que le hace mucho mal al Poder Judicial”, admitió.