“Como provincia no podemos seguir indiferentes a la gravedad de lo que está pasando en el Poder Judicial” con “la criminalización y la feminización de la pobreza”, reclamó Alicia Rivas, referente de la Coordinadora de Trabajadorxs mujeres, trans, travestis, lesbianas, bisexuales, intersexuales, pansexuales y queers que ayer manifestó en Posadas su adhesión al paro internacional de mujeres.
Periodista, activa militante de las cuestiones de género, Rivas dialogó con el programa Contala como quieras de La 99.3 y se detuvo en ese renglón de las reivindicaciones del paro de mujeres, uno de los puntos enumerados en el documento elaborado por la Coordinadora en Misiones.
Desde el movimiento de mujeres “hemos dado una muestra de que no solamente a través de la visibilización de los casos sino por habernos involucrado” en muchos de ellos es posible que “hoy estemos hablando de cuatro o cinco compañeras nuestras que están fuera del sistema carcelario gracias a esa intervención”, sostuvo.
Rivas apuntó al fallo de la Corte Suprema de Justicia que absolvió y liberó a Cristina Vázquez y Cecilia Rojas, cuyas condenas en primera instancia judicial por homicidio, sin pruebas, les hicieron padecer once y catorce años de cárcel, respectivamente.
El caso tuvo una primera resolución de la Corte nacional que ordenó al Supremo Tribunal de Justicia (STJ) misionero que revisara la causa, pero la máxima instancia judicial provincial desoyó el reclamo y ratificó las condenas. Hasta que en diciembre pasado el más alto estrado jurídico del país, al analizar por segunda vez el caso, determinó que se había tratado de un “proceso indebido en el que se negó la vigencia del principio de inocencia” y dispuso la libertad de las dos mujeres.
“Todavía no hemos dimensionado las implicancias que tiene ese fallo”, sostuvo Rivas. “La Corte le sacó al Supremo Tribunal de Justicia provincial la competencia para resolver ese expediente y decidió la absolución, en un hecho sin precedentes”, añadió.
Rivas relacionó esa causa con la reciente decisión del STJ de anular el fallo que había absuelto a Victoria Aguirre por la muerte de su hija Selene, y ordenó al tribunal de primera instancia que dicte una nueva sentencia sin nuevo juicio. “Es como si nos dijeran ‘Acá mandamos nosotros; no hay Constitución Nacional ni directivas de la Corte Suprema de Justicia: éste es nuestro territorio’”, señaló.
La periodista y militante feminista repasó también otros puntos medulares del paro de mujeres, y en primer lugar señaló que “a muchos todavía les cuesta entender que este tipo de reclamos tiene que ver con las condiciones laborales, salariales, con esas reivindicaciones más estructurales que siguen condenando a las mujeres y a las disidencias, sobre todo, a desigualdades muy profundas”.
Recordó entonces que la consigna central de la protesta de este año es “La deuda es con nosotres”. “Este contexto de renegociación de la deuda externa y de todo lo que esto implica, ese endeudamiento ilegal, ilegítimo que contrajo el gobierno de Mauricio Macri, invita a pensar todo lo que el sistema patriarcal capitalista nos debe a las mujeres estructuralmente”, sostuvo.
“Nosotras insistimos en que ese endeudamiento debe investigarse, que es una estafa, parte del saqueo sistemático al que han sometido a nuestros países, y que eso condiciona nuestras posibilidades de vida: estamos discutiendo cuestiones concretas y tenemos que esperar que se resuelva la negociación de la deuda”, dijo.
Puso como ejemplo en la provincia “la reincorporación de 27 trabajadores de la Agricultura Familiar que fueron despedidos durante el gobierno de Macri. Esa, que parecía una negociación simple, que incluso fue promesa de campaña del presidente Alberto Fernández, hoy está sujeta a la renegociación de la deuda”, apuntó.
Rivas incluyó esa situación entre los “procesos de precarización laboral que venimos denunciando hace muchos años, porque implican inestabilidad, menor salario, contextos que favorecen más formas de violencias. Nosotras hoy lo queremos discutir, de cara a las políticas que se vayan a encarar en estos sectores, que seguramente van a volver a ser puestas en funcionamiento. Es tiempo de que cada área o programa que se piense para garantizar un derecho también cuente con trabajo legal, genuino, que es lo que va a posibilitar que esos programas puedan ser sostenibles”.
Y volvió a apuntar a la realidad provincial: “Ese proceso de precarización laboral, lejos de disminuir estos últimos años, ha ido tomando gran parte del Estado, y Misiones es un ejemplo clarísimo, sobre todo si uno mira el sector Salud: la provincia tiene más del 50 por ciento de su personal sanitario precarizado, inestable, con salarios que están lejísimos de la canasta básica. En la provincia tenemos compañeras contratadas hace 15, 20 años en áreas del Estado en esas condiciones”, remató.