Mucho dolor, muchos años de lucha, persecuciones e indiferencias fueron algunas de las instancias por las que atravesaron las comunidades mbya Ka’a Kupé, Yvy Chi, Ko’e Ju Mirí, Tajy Poty y Ko’e Ju del Valle del Cuña Pirú, en Aristóbulo del Valle, antes que al fin el gobernador Oscar Herrera Ahuad firme el decreto 710/22 y ordene así frenar todo tipo de actividad de la empresa forestal Carba en el territorio indígena.
«Esta causa ya la habÃíamos llevado a la Justicia a través de un amparo en el 2020 y nunca tuvimos una respuesta favorable ni aún teniendo el cuenta que este es un conflicto largo que viene teniendo el territorio con la empresa Carba y se llega a este decreto vía un recurso administrativo, y por esta vía la última decisión la toma el Poder Ejecutivo», explicó la abogada Roxana Rivas del Equipo Misioneros de Derechos Humanos, Justicia y Género, representante legal de las comunidades guaraníes. Rivas se manifestó sorprendida por la decisión del gobernador pero aclaró que «esto comienza en el 2009, cuando las comunidades comienzan a resistir el avance de la empresa sobre sus territorios», y aunque la empresa presentó al Ministerio de Ecología recién en 2017 y 2018 el plan de manejo sustentable que se exige para la explotación del monte nativo, «durante todo ese tiempo las comunidades manifestaron su negativa en las pocas posibilidades que tuvieron de manifestarse y una de las irregularidades que se denunciaron fueron falta de una consulta previa libre e informada. En el 2019, sobre el final de la gestión del entonces ministro Juan Manuel Díaz, que se presentaba como un ministro amigable de las comunidades, dos días antes de irse sirva la autorización para que la empresa ingrese a las comundades».
Ante esa decisión, cuenta Rivas que «empezamos nosotros este camino, hicimos un recurso de reconsideración para que el propio ministro lo revise y después llegó la pandemia y nuestro recurso se durmió en el ministerio porque no lo atendieron nunca y la empresa empezó a entrar y no nos resolvían y con el mbyá dentro de su territorio tratando de evitar el avance iniciamos ese proceso de amparo y estuvimos un año peleando para que la jueza Elena Cardone que intervino nos dijera no, y no dictara nunca una medida de no innovar mientras la empresa seguía cortando los árboles, y termina reconviniendo ella misma transformando nuestro amparo en un pronto despacho que es como decirle al Ministerio que nos resuelva el recurso y nosotros volvimos a apelar». Para Rivas «es importante hacer este recorrido en la historia de las luchas de las comunidades guaraníes para que se entienda todo lo que hemos tenido que hacer para tener hoy este decreto que no sale mágicamente de la voluntad del gobernador».