Treinta y seis familias fueron desalojadas violentamente este viernes por fuerzas de seguridad y agentes municipales en el barrio Caballeriza de la localidad de Oberá sin que mediara orden judicial y sin la presencia de un juez, fiscal ni otra autoridad judicial o municipal, al tiempo que tampoco se comunicó previamente a los desalojados sobre el procedimiento.
Durante el inesperado y violento procedimiento, las fuerzas de seguridad quemaron la vivienda de un vecino que no se encontraba en el lugar porque estaba trabajando en la tarefa, de acuerdo a lo que denunció la Organización Techo Argentina. También se destruyeron varias viviendas, entre ellas las de un vecino y su hija discapacitada y la de otra vecina que estaba dando a luz en el hospital Samic de Oberá.
Techo Argentina manifestó su preocupación y denunció que «se violaron todos los derechos consagrados en los instrumentos internacionales». De acuerdo a los compromisos internacionales de Derechos Humanos, ante los procesos de desalojo debe garantizarse un aviso apropiado a todas las personas que podrían verse afectadas, en un plazo razonable, con asesoramiento jurídico y brindándoles una propuesta alternativa, puntó la ONG y dejó sentado que «en este caso, el desalojo se realizó sin exhibir la orden judicial correspondiente, sin la presencia de un Juez y sin dar explicaciones a los vecinos sobre lo que estaba ocurriendo».
En su condición de ministra de Derechos Humanos de la Provincia, Lilian Tiki Marchesini lamentó el viernes por la tarde no haber recibido información a tiempo, pero se comprometió en comunicarse con las autoridades municipales y la Defensoría del Pueblo de Oberá «a fin de conocer qué soluciones le darán a estas familias» y anunció que «informaremos a los organismos competentes sobre la acción y el proceder policial».
La crisis del acceso al suelo
«El desalojo no puede ser entendido como una solución al problema de la vivienda, cuando el mayor problema que visibiliza Caballeriza es la profunda crisis de acceso al suelo en Argentina», subrayó Techo Argentina en el informe que hizo público el mismo viernes en las redes sociales.
«El abordaje desde este punto de vista, no hace más que reforzar el estigma que pesa sobre las familias que viven en situación de urgencia en los asentamientos informales e ignorar la cuestión de fondo», reflexionó la ONG y puntualizó que «el acceso a la vivienda es un derecho de carácter constitucional y debe ser garantizado a todos las personas que habitan el suelo argentino», pero «ante la vulneración de este derecho, millones de personas viven en asentamientos sin acceso a una vivienda digna, servicios básicos, empleo y educación».
Más adelante insistió en que «el Estado debe ejercer un rol activo en la situación de vulnerabilidad de los vecinos del Barrio Caballeriza e intervenir en términos de planificación y ejecución de políticas públicas acordes a la problemática, para que, partiendo desde una perspectiva de derecho, se garantice el justo acceso a un hábitat digno».
Finalmente manifestó: «Creemos que es el Estado quien debe velar por garantizar que se cumplan los derechos de todas las partes involucradas y, en este sentido, es esencial brindarle una respuesta y asistencia a la emergencia habitacional a las familias del Caballeriza sin recurrir a la violencia».